Primer Premio Concurso Homenaje a Nicolas Savio 2010

PRIMER PREMIO CONCURSO HOMENAJE A NICOLAS SAVIO 2010

Sidinsa, la siderúrgica que no se realizó
Por MIGUEL ANGEL FUKS

Nadie se presentó a la convocatoria de hace treinta y seis años, para seleccionar una empresa interesada en formar parte de una sociedad anónima con mayoría estatal, para la construcción, puesta en marcha y explotación de una unidad siderúrgica integrada.
El concurso abierto convocado por el decreto 1.345 del Poder Ejecutivo Nacional, del 3 de mayo de 1974, cuando aún figuraba como su titular el muy enfermo Juan Domingo Perón, fue declarado desierto por una resolución conjunta de Alfredo Savino y su tocayo Gómez Morales, entonces ministros de Defensa y de Economía, respectivamente.
Esto ocurrió pese a que se intentó convencer sobre la “preocupación del gobierno” de que esa “clonación” de la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (Somisa) serviría para “asegurar las condiciones que posibiliten la más ágil y dinámica ampliación de la capacidad productiva nacional de acero”.
No sorprendió entonces que por el decreto 596, del 6 de marzo de 1975, firmado por María Estela Martínez de Perón, se encomendara a la cartera de Defensa, para que la todavía entonces poderosa Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), constituyera en un plazo de 90 días de publicada la medida (cinco días después), una sociedad con las mismas características.
En este caso, la participación mayoritaria estatal sería de la DGFM y el Banco Nacional de Desarrollo (Banade) y los recursos serían proporcionados por la cartera económica. Quedó en claro que la dependencia del Ejército tendría la responsabilidad y el poder de decisión empresaria, como mínimo hasta cinco años después de la puesta en marcha de la última de las instalaciones.
Los estatutos de Siderúrgica Integrada Sociedad Anónima Industrial y Comercial (Sidinsa) fueron aprobados por el decreto 1.454 del 30 de mayo siguiente, por el que se declaró al proyecto y la planta “de absoluta y máxima prioridad e interés nacional”. Con un capital social de 319 millones de pesos de la época (para actualizar el valor nominal de las acciones se fijó una paridad de 9,98 pesos por dólar), se decidió que la capacidad inicial de Sidinsa fuera de 3,8 millones de toneladas de acero líquido anuales.
“El proyecto elaborado cumple satisfactoriamente con los requerimientos del desarrollo siderúrgico-industrial del país, así como con las exigencias de una adecuada asignación de recursos, en virtud de la solidez económica que lo sustenta”, fue casi una proclama de la más feroz dictadura militar sufrida por la Argentina, en 1977. No pareció tener en cuenta el ímpetu privatizador de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía, quien para asumir el cargo -donde se sintió tan todopoderoso- renunció a dos presidencias: la de la siderúrgica Acindar y la del Consejo Empresario Argentino (CEA).
Mediante una inversión total equivalente a 3.529 millones de dólares –para la construcción, bienes de uso, intereses, gastos preoperativos y capital de trabajo-, se previó que la planta estuviera en la zona de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires). La elección reunía -señalaron- “condiciones muy adecuadas en términos de costos de inversión y operación, con objetivos de mayor descentralización industrial y mayor equilibrio económico regional”. Hasta se dijo que era el único lugar donde coincidían las posibilidades de encarar económicamente un puerto de aguas profundas y la existencia de un importante nudo ferroviario y vial.
La planta utilizaría, tentativamente, minerales de alta ley (finos, para las áreas de sinter y calibrados), provenientes de Brasil, Chile, Perú y Venezuela, y “pellets” de la entonces bautizada como Hierro Patagónico SA (Hipasam), de Sierra Grande (provincia de Río Negro). “La experiencia mundial demostraba que los productos baratos y de calidad competitiva sólo se lograban con producción masiva, aprovechando las ventajas de la economía de escala”, publicitaron..
Los responsables del emprendimiento procuraron “encarar de inmediato la materialización del proyecto” para cubrir la creciente brecha de laminados planos que imaginaron para principios de los ‘80. Esperaban obtener, por otra parte, “un importante ahorro de divisas que reducirá sustancialmente la vulnerabilidad de la balanza de pagos del país”. Evidentemente, estaban persuadidos de que financiarían las importaciones con créditos externos a largo plazo de organismos internacionales y/o de naciones de los proveedores y que integrarían el capital con los recursos estatales asignados y los aportes privados.
Ciertas evaluaciones confirmaron “la solidez económica del proyecto, que se traduce en una alta capacidad para autogenerar fondos que faciliten la financiación en el período constructivo y permitan la amortización de los créditos obtenidos, la distribución de dividendos y la acumulación de excedentes en el período de operación o régimen”.
Al calcular las ventas a precios internacionales -inferiores a los internos en un 19%, a dólares constantes de 1976- y adoptando previsiones conservadores, concluyeron que el emprendimiento aportaría una tasa interna de retorno del 10%. Esto, probablemente, contribuyó a que se generara el anuncio de que Sidinsa ahorraría a la Argentina “un promedio neto de 820 millones de dólares por año”.
El tiempo pasó -en realidad, “pasamos nosotros”, como diría el poeta Raúl González Tuñón- y el proyecto fue actualizado en 1978, con una reducción de 3,8 millones a 3,1 millones de toneladas del volumen a producir. Trascendió en ese momento que de volverse al intento de expandir Somisa con laminados no planos, en la bonaerense San Nicolás, Sidinsa “debería demorarse varios años hasta que se prevea suficiente mercado como para absorber la producción”.
No faltaron quienes plantearon que si el proyecto para la zona de Bahía Blanca fuera encarado por capitales privados (o con baja participación del Estado), la expansión del de San Nicolás debería postergarse.
El final, una muerte casi anunciada, llegó durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Por el decreto 375, del 10 de marzo de 1987, se resolvió liquidar Sidinsa en 180 días. En aquella época se dedicaba “con exclusividad al asesoramiento y consultoría a terceros en relación a la elaboración, comercialización y transporte de productos siderúrgicos, metalúrgicos y materias primas”, tareas que los opositores privados de la propuesta argumentaron que podían ser cumplidas por firmas privadas.